El actual alcalde del pueblo, nieto del alcalde franquista, la exige retractarse de unas declaraciones incluidas en un video para una investigacion sobre represión franquista 

Una mujer de 90 años del pueblo navarro de Yesa, Carmen García Pellón, tuvo que declarar ayer en el juzgado de Sangüesa en una vista de conciliación, porque el actual alcalde de Yesa, Roberto Martínez Luyando, nieto de Isidoro Martínez, exalcalde franquista del municipio, le exige que se retracte de unas declaraciones que hizo en un video de youtube que forma parte de un trabajo de investigación de Memoria Histórica sobre la represión en Navarra entre 1936 y 1945.

Carmen es hija de Mariano García Ilazorza, concejal de UGT fusilado cuando ella tenía 8 años y, según consta en la denuncia, hizo unas declaraciones en dicho vídeo donde atribuía al alcalde franquista abuelo del actual alcalde “haber robado todo lo que pudo, haber sido ladrón, apropiarse de todos los terrenos del pueblo y haberse quedado con las tierras de los fusilados”, declaraciones de las que Roberto Martínez Luyando la exige que se retracte.

Así mismo también solicita la retirada del vídeo de youtube donde se recogen esas declaraciones. El vídeo ya no está disponible en youtube, pero en la vista, Carmen se ha negado a rectificar sus declaraciones, por lo que es posible que sea objeto de una querella por parte del alcalde.

Desde La Haine hablamos con Nekane Ruano, que es quién está llevando a cabo dicha investigación sobre la represión franquista en Navarra: “Si a una persona mayor que habla de lo ocurrido en aquellos años la denuncias para mi eso es muy grave, porque estas impidiendo que se conozca la verdad de un periodo muy importante”, nos explica. Ruano califica de barbaridad que se persiga a los pocos testimonios vivos que quedan e insta al alcalde de Yesa no cursar querella criminal contra Carmen por este tema.

La misma dignidad y honor que pide el alcalde para su familia no parece tenerla para con los asesinados por el terror fascista: En su pueblo, Yesa, desde hace unos pocos meses tienen puestas las placas de reconocimiento a los asesinados que la ley exige en la plaza del Yamaguchi. Pero las mismas no están en ningún monumento ni en ningún lugar privilegiado de la plaza, sino sobre la puerta de un cuadro eléctrico, atentando contra su dignidad.

Este hecho se da la misma semana en la que Teresa Rodríguez, diputada por Podemos en el Parlamento de Andalucía., ha sido multada con 5.000 euros por señalar como responsable del asesinato de Salvador Puig Antich al exministro franquista Utrera Molina, que firmó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.

Carmen García (1ª dcha), acompañada por su hijo, Carlos Sanz, y otras personas, tras el acto de conciliación.Foto: Noticias de Navarra

La proliferación de este tipo de denuncias hace pensar que se quiere silenciar y reprimir los pocos testimonios vivos directos del terror franquista, o a quienes se atreven a señalar la responsabilidad de estos cargos franquistas.

@Boro_LH

Texto completo en: https://www.lahaine.org/fN97

Roberto Martínez pide a la vecina Carmen García, de 90 años e hija de un concejal republicano fusilado en 1936, que se retracte por haber acusado a su abuelo de apropiarse de unas tierras

El Ayuntamiento no cumple sentencias que reconocen nuestra propiedad” “Criminalizar un testimonio de las personas que vivieron el franquismo es coartar las fuentes”

Roberto Martínez Luyanbo, alcalde de Yesa, llevó   ante el juez de paz a la vecina de la misma localidad, Carmen García Pellón, de 90 años e hija del concejal Mariano García Ilazorza fusilado en 1936, para que se retractara en un acto de conciliación de unas declaraciones en las que acusaba a su abuelo, Isidoro Martínez, alcalde en la época franquista, de haberse apropiado de parte de sus tierras y de las del pueblo en una entrevista subida a YouTube en febrero.

En el documento presentado en el acto celebrado ayer en la Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Sangüesa ante el juez de paz de Yesa, Javier Orduna, y el secretario Luis Itoiz, Roberto Martínez hizo constar como hechos que en la citada entrevista Carmen García acusó a su abuelo de “haber robado todo lo que pudo, haber sido ladrón, apropiarse de todos los terrenos del pueblo y haberse quedado con las tierras de los fusilados”.

La vecina de Yesa mantuvo ayer su postura y manifestó que no se retractaba, al tiempo que daba lectura a la relación de propiedades que asegura le niegan en su totalidad. Se trata de tierras y bajera, en cultivo y uso en la actualidad. Expresó que no quería conciliación, sino que le reconozcan lo que es suyo y le fue robado, a lo que Martínez respondió “que lo demuestre”. Carmen García aludió a la dificultad de poder hacerlo ya que parte de los documentos fueron falsificados o destruidos y relató cómo un hermano suyo entregó al Ayuntamiento las escrituras, a finales de los años setenta o primeros ochenta, en las que constaba la titularidad de parte de los terrenos, documento que, añadió, luego desapareció.

El hijo de Carmen, Carlos Sanz, explicó que para poder demostrar la propiedad tendrían que acudir al registro de 1920. Y añadió que sobre la propiedad de las tierras que ahora constan un 50% como propiedad de Carmen y el otro 50% como comunal, existen dos sentencias del Juzgado de Aoiz que reconoce el 100% de la propiedad a su madre, sin que el Ayuntamiento de Yesa lo haya cambiado. “Hemos acudido a Administración Local, sin que a día de hoy nadie haga cumplir esas sentencias al Ayuntamiento”.

Estas explicaciones las aportaron fuera del breve acto en el que se dejó constancia en acta de que no se alcanzó la conciliación. Antes del acto, Roberto Martínez declaró que acudía al Juzgado de Paz como una causa particular para defender el honor de su familia.

La acción del alcalde de Yesa representa la primera vez que una víctima del franquismo es denunciada por su testimonio oral, unas declaraciones que Carmen García hizo en una entrevista que formaba parte de un trabajo de historia. “Es una fuente primaria, la más cercana a la época, un testimonio oral. Ni siquiera todo lo escrito es verdad y nadie ha denunciado”, expresaba Nekane Ruano, profesora de Historia e investigadora sobre la represión sufrida por las mujeres en la época franquista, trabajo de su tesis doctoral para el que contó con la colaboración de la vecina de Yesa.

Ayer la profesora quiso poner en valor el testimonio de Carmen y mostrar su indignación por la pérdida de libertad de expresión.

Miedo para silenciar es el objetivo de llevar a Carmen ante el juez estaba claro para Nekane Ruano. “Pretenden silenciar las voces de los mayores, meterles más miedo para ocultar testimonios de la época franquista. Silenciar a Carmen García pone en peligro el trabajo de la memoria histórica. Criminalizar un testimonio de los que lo vivieron es coartar las fuentes, contribuir a la impunidad. ¿Quién se va a atrever a hablar?”, dijo.

Carmen García tenía 8 años cuando mataron a su padre con 58. Era la pequeña de tres hermanos. “Era concejal del Ayuntamiento de Yesa y solo sabía ir al huerto. Hablaba de repartir la tierra, de hacer parcelas para todos los labradores de Yesa. Pero ya las habían registrado para los frailes. Cuando se enteraron, le metieron en la cárcel”, dijo ayer.

Carmen siguió viviendo en Yesa hasta 1959. Con el embalse a una se fue a vivir a Pamplona. Decidió volver en los años 90. “Y al final de mi vida me veo como al principio señalada con el dedo”, lamenta.